El presidente de la Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante, Javier Gisbert, ha reclamado durante su intervención en la gala de la XVIII edición de los Premios FOPA un mayor reconocimiento social para el sector, un incremento de la inversión en infraestructuras públicas en la provincia y medidas efectivas en materia de vivienda como una fiscalidad específica para la vivienda pública que facilite su accesibilidad a las rentas bajas y medias.
La gala, celebrada en el Auditorio de Música de Alicante (ADDA), otorgó los premios de esta edición y la mención honorífica, según determinó el jurado, además del premio del Público, gracias al fallo popular que votó de manera telemática en estas últimas semanas.
La obra de construcción de los viaductos de la Línea 9 del TRAM en el Algar y Mascarat ha sido la ganadora del premio a la Mejor Obra de la Provincia de Alicante, promovida por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y ejecutada por Pavasal Empresa Constructora en su lote 1, y la UTE CHM Obras e Infraestructuras con TECSA Empresa Constructora en su lote 2. Ese premio fue entregado por el conseller de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, José Antonio Rovira; y el presidente de FOPA, Javier Gisbert, a los responsables de la obra Alfonso Novo, director gerente de FGV; el consejero delegado de PAVASAL, Enrique Cabañero, el subdirector de CHM, Francisco Martínez; y Javier Millán en nombre de TECSA.
Mientras que en la categoría de Mejor Integración en su Entorno, Sostenibilidad y Mayor Respeto al Medio Ambiente ganó la obra de la Vía Verde de Cantera en la ciudad de Alicante. El director territorial de Cajamar en Alicante, Manuel Nieto; el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño; y la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti.
Además, el jurado otorgó la Mención Especial a la obra de Reurbanización del Paseo de la Explanada Fase III de Alicante, entre las calles Bilbao, la Explanada de España y la Rambla de Méndez Núñez en la ciudad de Alicante, que entregó Juan Antonio Pacheco, del despacho Garrigues, César Quintanilla, presidente de UEPAL y CEV, y Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras, y recogieron el galardón el alcalde de Alicante, Luis Barcala y la representante de Grupo Cívica, Laura Ortiz. Por su parte, el Premio del Público ha sido para el edificio de viviendas sociales municipales del Portón en el centro histórico de Alicante. Un proyecto de 15 viviendas de alquiler social y emancipación para jóvenes en el Casco Antiguo de Alicante, entre el Casco Antiguo y el barrio de Santa Cruz. El premio lo recogió el consejero delegado de Gestaser, Javier Gisbert, y el concejal delegado del Patronato de la Vivienda de Alicante, Carlos de Juan Carrillo de manos del secretario autonómico de la Vivienda, Sebastián Fernández, y Miguel Ángel Paredes, de KPMG.
El conseller de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, José Antonio Rovira, ha destacado que todas las obras presentadas cumplen con los criterios actuales de las obras pública, «ser útiles, accesibles y sostenibles», y defendió la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras porque «cuando faltan, la sociedad pierde oportunidades y se generan costes para las empresas». Rovira apeló a la colaboración público-privada, y señaló a FOPA como la entidad que permite una interlocución con la Administración, necesaria para detectar necesidades.
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, señaló que la Obra Pública «sostiene el crecimiento y el empleo, que siempre es una oportunidad para vivir o desarrollar la vida en nuestra tierra». Además, indicó que «la inversión infraestructuras de agua o de movilidad mejoran el territorio, lo hace sostenible y garantiza la vida de las personas, como hemos constatado en estos días».
Vivienda y reivindicaciones del sector
El presidente de FOPA se refirió en su discurso a la cuestión de la vivienda. Desde su punto de vista, las medidas de creación de vivienda pública requieren plazos dilatados, pero propuso un cambio severo en la fiscalidad de la vivienda para reducir el precio y facilitar asequibilidad a la población: «el 25 % del coste de una persona que se compra una vivienda, son impuestos y tasas. ¿Es normal que se pague el mismo IVA por una vivienda de superlujo de dos o tres millones de euros que por una vivienda protegida o asequible? La vivienda social debería no tener IVA o, al menos, tener un IVA hiperreducido», reclamó.
Además de una fiscalidad específica para la vivienda pública, deberían regirse por un Código Técnico de la Edificación concreto para este tipo de viviendas, «eliminando costes superfluos, sin bajar la calidad, en especial en cuanto a la eficiencia energética». Al mismo tiempo, se podría actuar en materia de suelo, porque un suelo más barato abaratará las viviendas.
El sector también lamentó la parálisis inversora de las administraciones, en especial del Gobierno Central. Ante el conseller de Hacienda, Economía y Administración Pública, José Antonio Rovira; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; y el secretario de Empleo, Antonio Galvañ, entre otras autoridades, Gisbert apeló a la responsabilidad de los diferentes gobiernos para sacar a la provincia de la última posición en materia de inversiones desde hace más de 16 años, y superar el Decálogo de Infraestructuras que, en vez de mermar, va creciendo ante la incapacidad de los gobiernos de generar soluciones.
A pesar de la paupérrima inversión estatal, el sector «de la construcción en la provincia de Alicante está alcanzando el 10% del PIB de la provincia, pero en realidad, tiene un impacto indirecto e inducido que le haría llegar casi al 18 % del PIB». Una situación que contrasta con las dificultades del sector, principalmente el estrecho margen de beneficio industrial del 4% con índices de inflación de los materiales de dos dígitos, la falta de trabajadores del sector, casi 20.000 en la provincia de Alicante, y el estricto corsé que supone la Ley de Contratación Pública, que no ofrece alternativas al desfase de precios de las licitaciones públicas.
El presidente de FOPA mostró su apoyo a la regularización migratoria para incorporar al sector y lograr que aporten al sistema aquellas personas sin permiso de trabajo, y reivindicó las condiciones salariales que ofrece el Convenio Colectivo. Gisbert afirmó El que «la falta de mano de obra, no es una cuestión de salario, sino de falta de vocación, de relevo generacional y de desconocimiento entre los jóvenes. Necesitamos trasladar a la sociedad que la obra pública actual ofrece empleos bien remunerados, estables, tecnológicos y de alta cualificación».
