La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha informado que el Pleno, celebrado este viernes en Orihuela, ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para interponer un recurso contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos, que incluye el recorte del trasvase del Tajo-Segura.
Mas ha puntualizado que la autorización para este recurso se ha producido en el momento adecuado, una vez publicado el texto de forma oficial en el BOE y analizado su contenido, y ha apuntado que el Consell “ha actuado con total diligencia y sobre todo en favor de los intereses de los valencianos y las valencianas”.
El Pleno del Consell ha autorizado un recurso contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos, que incluye el recorte del trasvase del Tajo-Segura
“Somos un Gobierno serio y riguroso” -ha afirmado- que “no hace política ficción. Teníamos que esperar a que se publicara ese Real decreto antes de presentar el recurso”.
“Al Consell le mueve la rigurosidad y la seriedad”, porque “somos un Gobierno y los gobiernos actúan de forma responsable. Por eso, tenemos que recurrir aquellas políticas que sean contrarias a los intereses de los valencianos y valencianas, pero una vez sabemos qué políticas nos perjudican. Lo demás es un acto de fe”.
Cabe señalar que el pasado 10 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto, cuya Disposición Adicional 9.ª, en su versión enviada al Consejo de Estado y aprobada por el Gobierno de la Nación, no cumple adecuadamente la función coordinadora para la cual fue concebida en origen ya que su redacción no se corresponde con el texto que se sometió a consulta pública previa y a información pública, ni con el que se debatió y votó en la sesión del pasado 29 de noviembre en el Consejo Nacional del agua.
Tras no ser incluidas las alegaciones presentadas por el Consell al texto antes de su publicación en el BOE, por no ser conforme a derecho, y por los perjudiciales efectos socioeconómicos que podrían derivarse de su aplicación, así como la falta de rigor técnico en los cálculos y determinación del régimen de caudales ecológicos a aplicar, el Consell autoriza a la Abogacía a interponer contra este Real decreto.
